El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegales los desahucios porque violan las normas europeas de protección de los ciudadanos y porque no aseguran un juicio justo. Es la noticia bomba de la semana. Miles de familias han sido desalojadas de sus hogares por culpa de esta injusticia, provocando dramas, pobreza y hasta suicidios. Tras cuatro años de agonía en España, por fin se detiene la inhumanidad de las entidades financieras.
Es curioso como el gobierno, en plena crisis, ha inyectado cantidades desorbitadas de dinero público a las entidades bancarias, en perjuicio de la creación de empleo, el I.V.A. e infinidad de recortes:
- Bankia (Caja Madrid, Bancaja y 5 cajas más): entre 7.000 y 10.000 millones de euros.
- CAM: 4.000 millones de euros
- Novagalicia Banco (Novacaixagalicia): 3.627 millones de euros.
- Banco de Valencia: 3.000 millones de euros.
- Catalunya Caixa (Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa): 2.968 nillones de euros.
- Banca Cívica (Caja Navarra, Canarias y Burgos): 977 millones de euros.
- UNNIM (Caixa Sabadell, Terrasa y Manlleu): 953 millones de euros.
- Banco Mare Nostrum (Caja Granada, Caja Murcia, Caixa Penedés y Sa Nostra): 915 millones de euros.
- Caja España-caja duero (Caja España y Caja Duero): 525 millones de euros.
- Cajasur: 392 millones de euros.
La mayoría del dinero desapareció entre los altos cargos de las entidades. Gracias a este dinero, los ciudadanos no perdieron sus ahorros, pero siguieron ascendiendo el precio de sus hipotecas hasta asfixiar y estrangular a los españoles. Así ha sido el caso de incontables historias de la gente que han solicitado ayuda por televisión. Antena 3 y la Cruz Roja recaudaron más de un millón de euros y protegieron a 8.377 familias. Cáritas evitó unos 300 desahucios a su vez. Y así con otras entidades que se han ofrecido su solidaridad para defender a los más débiles.
El gobierno ha permitido estas injusticias alegando que el deudor debe pagar, permitiendo así 159 desahucios diarios. Sin embargo, los intereses de las hipotecas han sido excesivos desde siempre, aprovechando unas leyes anticuadas, ascendiendo las deudas de los hipotecados a cifras inviables para gente en paro. Las personas que llegaban a esta situación debían perder su casa, y la casa del aval, sin importar el dinero pagado hasta la fecha. Pero a partir de ahora los perjudicados pueden solicitar a los jueces la paralización de ejecución de la sentencia, con base a los criterios de la U.E. para interpretar cláusulas hipotecarias abusivas. A este nuevo resquicio se pueden agarrar los afectados.